La limitación de la subcontratación no puede negociarse con la patronal.

En su acuerdo programático, el gobierno se comprometía a modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

Aunque con un redactado muy vago, este punto abre la posibilidad de recuperar terreno perdido o cedido por las clases populares en las últimas décadas. La subcontratación se ha convertido en una forma sencilla para los empresarios de externalizar costes laborales. En cada vez más sectores, nos encontramos con empresas que subcontratan cada vez más actividad a otras empresas, que muchas veces son multinacionales (COBRA, Elecnor, Accentur…). Nos encontramos trabajando para la misma empresa final a trabajadoras y trabajadores subcontratados por diferentes empresas haciendo el trabajo que hacen los trabajadores de la matriz (que cada vez son menos) por mucho menos dinero y con mucha más temporalidad, inestabilidad y riesgos laborales.

La subcontratación se ha convertido en un nicho de mercado que proporciona grandes beneficios a las empresas a costa de la precarización creciente de cada vez más sectores. Basta mirar la lista de empresas con mayor número de empleados en España en 2019. El tercer lugar, con 52.196 empleados, lo ocupa CLECE, SA., el sexto Eulen, con 28.543. Entre las 50 primeras nos encontramos con ISS, FCC, Atento, Elecnor, EVERIS…

Sin embargo, nos encontramos que el Gobierno ha pasado de forma repentina de querer limitar la subcontratación vía legislativa, a sentarse a negociar con la Patronal para llegar a un acuerdo.

Como era de esperar la patronal ha puesto el grito en el cielo ante la propuesta de limitar la subcontratación y ha empezado a lanzar mensajes alarmistas que buscan provocar el miedo en trabajadores y trabajadoras. Sostienen que las empresas no podrán absorber la mano de obra externalizada y proponen como alternativa, que los salarios y condiciones de las personas subcontratadas se rijan por los convenios sectoriales y no por los de las empresas que los contratan.

No podemos dejar que esta cuestíón se lleve a cabo mediante la negociación con la Patronal, puesto que saldremos perdiendo o dejando sin efecto el texto final. Al Gobierno le corresponde legislar y exigimos que lo haga contando con la participación de las personas que sufrimos las consecuencias de la subcontratación. Es a nosotros y a nosotras a quienes cada vez se nos cierran más puertas en el mundo de los trabajos estables y con condiciones dignas. Son nuestros hijos e hijas quienes no podrán encontrar nunca un trabajo con el que poder vivir dignamente, porque solo van a poder encontrar puestos de trabajo subcontratado inestable y mal pagado, en cualquier sector y en cualquier categoría laboral. La subcontratación se extiende a todo el mercado laboral: ingenieros, médicos, informáticos… Nadie va a escaparse porque haya estudiado más.

No podemos asumir el discurso del miedo que lanza la patronal, porque no tienen miedo de que se pierdan trabajos, tienen miedo de perder beneficios. A lo que tenemos que tener miedo es a que esa negociación se cierre sin nuestra presión en las calles para que salga adelante una modificación del Estatuto de los Trabajadores que ponga freno a la desaparición del empleo en las empresas matrices.

No es suficiente que se garantice el convenio del Sector. Esa situación es por completo insatisfactoria como demuestra lo que ocurre en Telefónica. Las condiciones del personal de instalación y mantenimiento subcontratado se rigen por el convenio del Sector del Metal, con salarios insuficientes y muy alejados de los que pagan al personal directo.

Debemos movilizarnos rápidamente para que esa promesa programática no quede en papel mojado. Es necesario que sindicatos y movimientos sociales nos organicemos para impedir esa mesa de falsa negociación y forzar una ley que proteja a las clases populares y no a los beneficios de la patronal.