Posibles consecuencias para el Sector del pacto Podemos-PSOE en materia laboral

A principios de octubre, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y Podemos que, entre otros aspectos, recoge una serie de promesas de carácter legislativo dirigidas a derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 implantada por el gobierno del PP.

Dicho acuerdo, no significa que se puedan llevar a cabo los compromisos adquiridos de manera definitiva, ya que los acuerdos están sujetos a la aprobación de los presupuestos generales para el año 2019 en el Congreso, pero significa al menos, voluntad por revertir la actual situación en materia laboral que afecta negativamente a millones de personas.

Tampoco la tan anunciada derogación íntegra de la reforma laboral se va a producir, al menos de momento, y tenemos que contentarnos con algunas medidas que están lejos de disminuir la precarización laboral y la pobreza de la clase trabajadora, pero que puede significar un pequeño avance en la regulación de las condiciones laborales y empezar a caminar para acabar con la dualidad existente actualmente en las condiciones entre trabajadores de empresas contratistas y contratas y subcontratas.

En primer lugar, existe el compromiso de, sino derogar, como sería lo correcto, modificar el actual artículo 42 del E.T. de manera que se desvincule el contrato de obra o servicio a la realización de trabajos en el marco exclusivo de las contratas, subcontratas o empresas concesionarias, para evitar de este modo con la temporalidad y las diferencias en las condiciones de trabajo y, en definitiva, para que a la patronal no le salga tan a cuenta la externalización actividad.

En segundo lugar, se pretenden revisar las causas y el procedimiento para modificar las condiciones de trabajo, el artículo 41 del E.T, que no resulte tan sencillo, por ejemplo, modificar las jornadas, horarios, salarios o funciones de las y los trabajadores. Es una práctica habitual que utiliza la patronal en las contratas como amenaza cuando las y los trabajadores no se someten voluntariamente a las exigencias esclavistas para aumentar la producción.

Otra modificación consiste en concretar y asegurar en el artículo 34 del E.T que las empresas estén obligadas a controlar el fichaje de la entrada y salida de turno de las y los trabajadores, de este modo, se pretende acabar con la realización de jornadas maratonianas llevadas a cabo, sobre todo, en las contratas y subcontratas. Aunque es cierto, que esta iniciativa tiene que ir ligada necesariamente a una revisión y actualización sustancial de las tablas salariales en todos los convenios sectoriales, sino es inevitable que las y los trabajadores sigan asumiendo la realización de jornadas interminables con los salarios que actualmente rigen en los convenios.

También se pretende establecer la obligación de la constancia expresa del horario de trabajo en los contratos a tiempo parcial para evitar la utilización abusiva de este tipo de contratos por parte de la patronal. Todas sabemos que el aumento de esta modalidad de contratación esconde una evidente actitud fraudulenta con el objetivo de reducir gastos y obligar a las y los trabajadores efectuar jornadas completas encubiertas bajo la amenaza del despido.

Por último, creemos que es un avance importante la de instaurar los 900 euros como S.M.I. si lo comparamos con la cantidad anterior. Sin embargo, aún estamos alejados de llegar a una cifra suficiente que “garantice” cubrir las necesidades básicas de las personas, como podrían ser los SMI de otros países de la UE (Luxemburgo 1.922,96 Euros, Bélgica 1.501,82 Euros, Irlanda 1.461,85Euros, Holanda 1.501,80 Euros, Francia 1.457,52 Euros). Es necesario realizar muchos más esfuerzos en este sentido.

En conclusión, el pacto aunque limitado y ambiguo, podría suponer un cambio de rumbo en las políticas antisociales de los últimos años. Aun así, para que pueda materializarse necesita la aprobación de la Comisión Europea y el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independistas vascas y catalanas.

Pero no solo eso, aun así el gobierno tendrá que sentir la presión en las calles en los centros de trabajo, no solo para que en realidad lleve a cabo lo pactado, sino para que se vean obligados a derogar la reforma laboral.

Miguel Moya