COMFICA SE SALTA EL PROTOCOLO DE CONFINAMIENTO EN IGUALADA

COMFICA, una de las empresas del contrato de bucle de TELEFONICA, pero que además trabaja también para Orange y Jazztel, está incurriendo en una negligencia muy grave.

Está obligando a un grupo de técnicos que residen en Igualada a hacer instalaciones y atender averías en domicilios particulares, sin ningún tipo de EPI de riesgo biológico y priorizando la producción diaria al protocolo de contención del Coronavirus.

Las Operadoras como Telefónica, Jazztel, Orange, Vodafone, etc, intentan aparecer como ejemplares ante la opinión pública, fomentando el teletrabajo y la conciliación familiar para contribuir a frenar la expansión de la pandemia, pero la realidad es que la mayoría de sus servicios, subcontratados, son desarrollados por contratas cuyo personal no goza de tantos miramientos empresariales, y son expuestos de forma obligada al contagio y a propagar el virus, por orden empresarial.

Esto es gravísimo, una negligencia con el agravante de hipocresía, y debe ser solucionado de forma inmediata. Exigimos que se dejen de atender altas o averías de domicilio en una zona declarada de confinamiento y que se provea a los técnicos con equipos de protección de riesgo biológico, que deben ser proporcionados por Comfica, para que puedan atender averías de emergencias relacionadas con Hospitales y Protección Civil.

Denunciamos urgentemente esta situación que nos ha llegado directamente de compañeros del Sector.

Telefónica y el resto de Operadoras deben tomar cartas en este asunto.

EZENTIS PRECARIZA EMPLEO Y DESPIDE TRABAJADORES

EZENTIS PRECARIZA EMPLEO Y DESPIDE TRABAJADORES

Con fecha de 30 de septiembre del pasado año, EZENTIS se subrogó en los derechos y obligaciones de la plantilla de LITEYCA S.L. adscrita al contrato con Telefónica en Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote, Ávila, Salamanca, Zamora, León y Madrid.

En la notificación a los trabajadores se expone que el traspaso expuesto, no afectará en absoluto a las condiciones laborales de la plantilla, respetándose, sin modificación alguna, las mismas, en concreto, salario, categoría profesional, antigüedad, jornada y convenio colectivo aplicable.

A dia de hoy, los trabajadores y sus representantes y después de varias reuniones con la empresa, en todas las provincias están recibiendo reiteradas amenazas de modificación unilateral por la empresa del calendario laboral, turnos y horarios, con lo que no cumpliría el compromiso que adquirió con la subrogación.

Este calendario laboral, turnos y horarios que la empresa quiere imponer suponen un retroceso importante en las condiciones laborales de los trabajadores:

1º Jornadas de lunes a viernes de siete horas y media para luego trabajar sábados gratis, esta medida, además, está en contra de la doctrina del Tribunal Supremo con respecto a los descansos semanales, estos no se pueden solapar con el descanso diario entre jornadas, por lo que el descanso semanal debe de ser de 48 horas.

2º Disfrute de gran parte de las horas de exceso de jornada contempladas en los convenios colectivos en horas sueltas y a elección de la empresa, en vez de, en jornadas completas y a elección del trabajador.

3º Turnos y horarios partidos, con 1 hora para comer y media hora de bocadillo, y con flexibilidad horaria en la hora de inicio y de fin de jornada, esto tiene el objetivo de alargar la misma, pues la flexibilidad es para la empresa, los trabajos se citan en todo el ámbito del anterior citado horario, con lo que no se da opción al trabajador a disfrutar de dicha flexibilidad.

4º Disfrute de las vacaciones en tres veces, sacando dos de ellos del periodo vacacional de verano habitual.

De las provincias en las cuales anteriormente ya tenía el contrato bucle la empresa EZENTIS, Jaén y Sevilla ya tienen implantadas este calendario, o parecido, Huelva tiene un calendario que mejora en parte el que quiere imponer la empresa, en Cádiz se está en situación parecida a la de las provincias que proceden de Liteyca.

Así mismo y desde el pasado mes de noviembre de 2019, la empresa ha ejecutado el despido de unos 30 trabajadores en todo el ámbito nacional. Algo inadmisible y que no queremos dejar sin denuncia pública.

Los Comités de Empresa y Delegados de EZENTIS, están abiertos, como no podría ser de otra manera, a la negociación con la empresa de los calendarios laborales, pero en ningún caso van a aceptar la imposición por la empresa de los mismos, y mucho menos que se siga con esta dinámica de despidos habitual, lo que les obligaría a acudir a los juzgados y a convocar movilizaciones y jornadas de huelga conjuntas en todas las provincias afectadas.

Movilizaciones en Galicia y llamamiento a todo el sector

El pasado 27 de febrero trabajadores y trabajadoras del sector de telecomunicaciones se movilizaron ante el Parlamento Gallego para exigir a la Junta de Galicia la creación de una mesa gallega del sector (podéis leer la traducción de la noticia publicada por la CIG aquí), para que se aborde la problemática que sufre el sector con la pérdida de empleo, deslocalizaciones y precarización de las condiciones laborales.

Desde la coordinadora estatal de contratas de Telefónica Movistar, apoyamos la movilización de los compañeros y compañeras y hacemos un llamamiento para que las movilizaciones por la defensa del sector se extiendan a todo el estado. Estamos en un momento clave. Gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal están negociando la limitación de subcontratación, sin que haya presión en las calles.

Nuestro sector está gravemente impactado por las consecuencias de la subcontratación en cuanto mecanismo para la precarización del trabajo. Telefónica y el resto de operadoras hace décadas que utilizan la subcontratación para conseguir mano de obra barata, que son su imagen ante el cliente, pero sobre la que eluden toda responsabilidad. Trabajamos en un sector de precariedad laboral creciente, completamente fragmentado. Las operadoras han conseguido subcontratar todas sus divisiones de negocio: Comercial, Atención al Cliente, Instalación y mantenimiento, Servicios digitales… El objetivo de las empresas es que las plantillas propias sean residuales y les sirvan para supervisar la labor de las contratas.

Estamos trabajando en un sector clave, que ni siquiera está reconocido legalmente. No existe un convenio de sector. Desde la coordinadora estatal de contratas llevamos muchos años reclamando a todos los agentes sociales la creación de un convenio del sector.

El sector de las telecomunicaciones es un motor económico importantísimo en constante innovación, presta un servicio público imprescindible, comunica a las personas, potencia el desarrollo de las empresas, fomenta el desarrollo tecnológico del estado, interrelaciona a través de las redes sociales en internet, lleva sentimientos y conocimientos a cualquier parte del mundo en sólo unos segundos. Dada su enorme importancia estratégica en la economía y el gran número de personas que trabajan en él, es imprescindible que se cree legalmente.

A pesar de la crisis, las empresas operadoras de Telecomunicaciones obtienen enormes beneficios. Sin embargo, nuestras condiciones laborales y salariales distan mucho de la realidad económica del sector. Los beneficios no repercuten en un aumento salarial ni en contratación indefinida, sino al contrario. Las empresas aumentan su tasa de beneficios a costa de nuestra precariedad laboral. En las negociaciones con el gobierno sobre los límites a la subcontratación, la Patronal ha manifestado su oposición y quiere solucionar el problema mediante la aplicación de los convenios del sector. ¿Qué ocurriría de ser así en el Sector de las Telecomunicaciones, un sector sin convenio?

Para los trabajadores y trabajadoras del sector no cambiaría nada, ya que estamos repartidos en diferentes convenios que no nos corresponden. Por un lado, las operadoras se han deshecho de gran parte de su Atención Comercial y Atención al cliente - en algún caso como en el de Telefónica, creando su propia subcontrata, Atento. Miles de trabajadores y trabajadoras que realmente trabajan en sector de Telecomunicaciones están legalmente sometidos a la precariedad del convenio del Contact Center (Telemarketing). Es necesario que los trabajadores y trabajadoras subcontratadas en Atención al Cliente y Comercial tengan las mismas condiciones que tienen las plantillas propias de las empresas para las que trabajan en realidad.
Por otro lado, tenemos a los trabajadores y trabajadoras de instalación y mantenimiento, que están regidos por el Convenio del Metal, la mayoría contratados con categorías inferiores. Realizamos el trabajo de instalación y mantenimiento de planta exterior, averías y altas de ADSL, Telefonía Básica, Centralitas, Redes de Cliente, etc. Estamos haciendo el trabajo que antaño realizaba la plantilla fija de Telefónica, cuyo número desciende año a año, ya que Telefónica ya no contrata a nadie para realizar este trabajo.

Compañeros y compañeras, tenemos derecho a que se reconozca nuestra labor y para ello es imprescindible luchar por para que en el sector se garantice estabilidad en el empleo, un sueldo digno sin hacer jornadas ilegales y trabajar sin riesgos para nuestra salud.

Trabajadoras y trabajadores de telecomunicaciones exigen a la Junta de Galicia la creación de una Mesa Gallega del sector.

Traducción del Gallego de la noticia publicada en Avantar:

Varios cientos de trabajadores/as de telecomunicaciones se concentraron el pasado 27 de febrero ante el Parlamento de Galicia para exigir a los grupos parlamentarios que presionen a la Junta de Galicia para que se cree una Mesa de Telecomunicaciones en la que se aborde la problemática que sufre el sector con la pérdida de empleo, deslocalizaciones y precarización de las condiciones laborales.

La concentración estaba convocada conjuntamente por las federaciones de Banca, Industria y FGAMT, que aglutinan al personal empleado en el sector de las telecomunicaciones – más de 5.000 trabajadoras y trabajadores-. La movilización se integra en una campaña que se viene desarrollando desde hace meses y que continuará con movilizaciones en las comarcas para exigir al gobierno gallego que se ponga al frente de la defensa de un sector que el secretario nacional de CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas, calificó como “estratégico para el país” y que “no podemos permitirnos perder”.




Precariedad laboral 

En ese sentido, explicó que por un lado están las empresas principales, como Telefónica, R, Euskaltel y Vodafone, entre otras, donde se está produciendo una alarmante pérdida de empleo provocada, fundamentalmente, por la política de jubilaciones anticipadas y por la no renovación del personal.

A esto se suma una política de subcontratación encadenada de empresas que se encargan de los trabajos de instalación y mantenimiento en los domicilios que está derivando en una enorme precariedad. “Las empresas principales imponen precios cada vez más restrictivos a las subcontratas que a su vez vuelven a subcontratar, y así sucesivamente. Incluso en muchos casos, los últimos eslabones de la cadena son falsos autónomos. Las condiciones laborales son cada vez peores en cada nivel inferior de subcontratación.”, explicó.

Ante esta situación, reclama que las empresas principales limiten la subcontratación a una única empresa, con la garantía de que se cumpla la legalidad en materia laboral, ya que “el personal tiene jornadas abusivas. Les es imposible realizar el trabajo en 8 horas. Tienen un sistema de puntos, o de remuneración que los obliga a hacer muchas más horas, y que los lleva a incumplir la Ley de Prevención de Riesgos, con lo que aumenta la siniestralidad. Bouzas denunció además que están desapareciendo empresas gallegas que concursaban como contratas porque, al ser cada vez menor la cuantía de los paquetes de subcontratación, no pueden competir con las empresas de fuera.


Destrucción de empleo en Telefónica

Por su parte, la sección sindical de la CIG en Telefónica, apuntó que en el caso concreto de la multinacional, asistimos a una progresiva y alarmante destrucción de empleo. En Galicia, han pasado tener 5000 empleos directos en Telefónica, a poco más de 1000.

El representante de la CIG denunció que se está prejubilando a gente con 53 años y que, paralelamente, se está externalizando una actividad que con una gran demanda, ya todo el mundo consume telecomunicaciones y cada vez más”.

Además, denunció el empeño que pone la propia Telefónica en apuntar como enemigos a empresas como Vodafone o R, cuando “nuestro enemigo es la patronal. Son estas multinacionales que destruyen empleo en condiciones dignas y apuestan por subcontratar para abaratar costos e incrementar beneficios sin importar las consecuencias esto comporta.

La subcontratación en los centros de llamadas

Respecto a los centros de llamadas, Patricia Cordo, responsable del sector en la CIG, apuntó que “se trata de un sector que ya de por sí nace para subcontratar con peores condiciones laborales que las empresas matriz”, pero advirtió que “ahora lo que estamos viendo es la subcontratación de la subcontratación. Hemos llegado a un punto en el que se contrata a través de ETT y jornadas parciales, con contratos de 10, 15 o 20 horas semanales y si ya el salario con jornada completa es precario, con estas condiciones, todavía lo es más”.

A su vez, denunció “en la mesa de negociación del convenio, la patronal quiere todavía más flexibilidad, más precariedad y la externalización de los servicios y la deslocalización a otros países, o la centralización en Madrid, lo que provoca destrucción de empleo en Galicia y un nivel de precarización que hace imposible tener un nivel de vida digno”

Desconvocada la huelga de Elecnor Girona

Tras quince días de huelga, el comité de Elecnor Girona ha abandonado las movilizaciones y ha llegado a un acuerdo con la empresa que supone un claro retroceso en las condiciones laborales. Fuentes de Elecnor informan que ante la claudicación del comité, 12 compañeros han preferido pedir la cuenta e irse con 20 días por año trabajado, que seguir trabajando en esas condiciones.

Lamentablemente en el mes de febrero nos hemos encontrado con tres focos de movilización con potencial para que el conflicto se extendiese al resto de empresas que se han visto apagados tras primeras negociaciones con las empresas, en las que los comités han firmado acuerdos regresivos. CCOO y UGT, los sindicatos firmantes del pacto de fin de huelga del 2015, son los mayoritarios en esos tres comités y los responsables de estos retrocesos.

Primero fue Zener, que tras convocar huelga varias jornadas entre el 4 y 10 de febrero para impedir el despido de 28 compañeros y compañeras, desconvocaron tras el primer día. El comité aceptó el despido de 13 personas.

Le siguió el comité de Ezentis Las Palmas, que tras convocar a huelga el 24 y 20 de febrero, y 2 de marzo para impedir los cambios en las condiciones laborales impuestos por la empresa, desconvocó los paros ante las presiones de la empresa para negociar sin conflicto.

La misma situación se ha repetido en las tres empresas. Amagos de movilización aislados que se diluyen rápidamente en negociaciones en las que los comités ceden sin recurrir a formas de lucha que podrían frenar estas agresiones.

Tenemos problemas comunes. En todo el sector las empresas intentan imponer modificaciones de condiciones laborales a la baja, ejecutan despidos que en algunos casos, como en Ezentis pueden llegar a ser EREs encubiertos (29 despidos ya en todo el estado), sancionan de forma indiscriminada para infundir el miedo... Es una irresponsabilidad por parte de los representantes sindicales no buscar formas de movilización que pongan en jaque a las empresas.

Que esas tres empresas hayan decidido ir a la huelga indica que el sector está preparado para movilizarse, pero las movilizaciones no pueden quedarse aisladas. Los comités han sido asesorados en todos los casos por representantes de los sindicatos que ni trabajan en el Sector ni sabemos qué papel juegan aquí. Pero ha coincidido el resultado. Conflictos aislados, sofocados, para firmar condiciones a la baja. Si la patronal tiene su fuerza en nuestra fragmentación, no debemos darle esa ventaja y nuestra labor es procurar tanto la movilización conjunta como denunciar a quienes la impiden con su línea sindical pro empresa.

La limitación de la subcontratación no puede negociarse con la patronal.

En su acuerdo programático, el gobierno se comprometía a modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

Aunque con un redactado muy vago, este punto abre la posibilidad de recuperar terreno perdido o cedido por las clases populares en las últimas décadas. La subcontratación se ha convertido en una forma sencilla para los empresarios de externalizar costes laborales. En cada vez más sectores, nos encontramos con empresas que subcontratan cada vez más actividad a otras empresas, que muchas veces son multinacionales (COBRA, Elecnor, Accentur…). Nos encontramos trabajando para la misma empresa final a trabajadoras y trabajadores subcontratados por diferentes empresas haciendo el trabajo que hacen los trabajadores de la matriz (que cada vez son menos) por mucho menos dinero y con mucha más temporalidad, inestabilidad y riesgos laborales.

La subcontratación se ha convertido en un nicho de mercado que proporciona grandes beneficios a las empresas a costa de la precarización creciente de cada vez más sectores. Basta mirar la lista de empresas con mayor número de empleados en España en 2019. El tercer lugar, con 52.196 empleados, lo ocupa CLECE, SA., el sexto Eulen, con 28.543. Entre las 50 primeras nos encontramos con ISS, FCC, Atento, Elecnor, EVERIS…

Sin embargo, nos encontramos que el Gobierno ha pasado de forma repentina de querer limitar la subcontratación vía legislativa, a sentarse a negociar con la Patronal para llegar a un acuerdo.

Como era de esperar la patronal ha puesto el grito en el cielo ante la propuesta de limitar la subcontratación y ha empezado a lanzar mensajes alarmistas que buscan provocar el miedo en trabajadores y trabajadoras. Sostienen que las empresas no podrán absorber la mano de obra externalizada y proponen como alternativa, que los salarios y condiciones de las personas subcontratadas se rijan por los convenios sectoriales y no por los de las empresas que los contratan.

No podemos dejar que esta cuestíón se lleve a cabo mediante la negociación con la Patronal, puesto que saldremos perdiendo o dejando sin efecto el texto final. Al Gobierno le corresponde legislar y exigimos que lo haga contando con la participación de las personas que sufrimos las consecuencias de la subcontratación. Es a nosotros y a nosotras a quienes cada vez se nos cierran más puertas en el mundo de los trabajos estables y con condiciones dignas. Son nuestros hijos e hijas quienes no podrán encontrar nunca un trabajo con el que poder vivir dignamente, porque solo van a poder encontrar puestos de trabajo subcontratado inestable y mal pagado, en cualquier sector y en cualquier categoría laboral. La subcontratación se extiende a todo el mercado laboral: ingenieros, médicos, informáticos… Nadie va a escaparse porque haya estudiado más.

No podemos asumir el discurso del miedo que lanza la patronal, porque no tienen miedo de que se pierdan trabajos, tienen miedo de perder beneficios. A lo que tenemos que tener miedo es a que esa negociación se cierre sin nuestra presión en las calles para que salga adelante una modificación del Estatuto de los Trabajadores que ponga freno a la desaparición del empleo en las empresas matrices.

No es suficiente que se garantice el convenio del Sector. Esa situación es por completo insatisfactoria como demuestra lo que ocurre en Telefónica. Las condiciones del personal de instalación y mantenimiento subcontratado se rigen por el convenio del Sector del Metal, con salarios insuficientes y muy alejados de los que pagan al personal directo.

Debemos movilizarnos rápidamente para que esa promesa programática no quede en papel mojado. Es necesario que sindicatos y movimientos sociales nos organicemos para impedir esa mesa de falsa negociación y forzar una ley que proteja a las clases populares y no a los beneficios de la patronal.

Telefónica obligada a incorporar a en plantilla a un trabajador que denunció "cesión ilegal"

El Juzgado de lo Social 29 de Madrid ha obligado a Telefónica a incorporar a su plantilla como indefinido a un trabajador después de que se haya reconocido "una cesión ilegal" por parte de la empresa subcontratada para el mantenimiento de sistemas informáticos en varias instalaciones de Madrid. El juez declara "la existencia de cesión ilegal por parte de Aubay Spain S.A. a favor de Telefónica Investigación y Desarrollo", reconociendo el derecho del demandante a una relación laboral de carácter indefinido por Telefónica. 

En el comunicado de Martínez Echevarría, despacho de abogados que ha llevado el caso, anuncian que el trabajador se incorpora a la plantilla de Telefónica como indefinido, con los mismos derechos laborales y contractuales que sus compañeros de categoría profesional.

El técnico fue subcontratado para el mantenimiento de sistemas informáticos. Sin embargo, la organización del trabajo, las labores diarias y las instrucciones específicas de su puesto y su relación laboral correspondían a mandos intermedios de Telefónica. Según se desprende de la resolución, el empleado dependía de la multinacional española de las telecomunicaciones para su organización laboral, la jornada de trabajo, vacaciones, instrucciones diarias, gestión de equipos.

Desafortunadamente, como manifiesta la abogada que ha llevado el caso, la cesión de trabajadores es «una fórmula que se da mucho, pero que se denuncia poco». Además, tenemos una legislación y una interpretación de la ley cada vez más regresivas, que nos lo ponen más difícil. Quienes trabajamos en Telefónica, sabemos que numerosos compañeros y compañeras están haciendo su trabajo en las mismas condiciones que el personal de plantilla y que en muchos casos reciben ordenes directas de los encargados de Telefónica, o trabaja mano a mano con el personal de plantilla propia como si estuvieran contratados directamente por la matriz o una de las empresas del CEV (Telefónica SAU, Telefónica Móviles SAU, Telefónica Soluciones, SAU). 

Telefónica lo tiene bastante bien montado para que no podamos ganar juicios por cesión ilegal. Tiene un sistema de contratas contratas  de I+M, CGP's, etc. que hacen muy difícil demostrar que en realidad quien organiza el trabajo es Telefónica, "hecha la ley, hecha la trampa". Sin embargo, podemos encontrar bastantes casos en los que sí se podría demostrar, y todos esos casos deberían denunciarse. Se puede demostrar cesión ilegal cuando se dan estas condiciones que recogen aquí:

• El contrato de servicios entre dos empresas se limite a poner a disposición trabajadores. Es decir cuando el contrato entre A y B es simplemente para que el trabajador de A trabaje para B.

• La empresa que cede a los trabajadores no tiene actividad, no tiene una organización propia y estable, o no tiene los medios necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial. Cuando la empresa A no tiene una estructura propia o actividad propia (no tiene un centro de trabajo, ni las herramientas con las que trabajador, ni clientes propios…) con la que llevar a cabo los servicios, por lo que es imposible que el trabajador de A preste de verdad servicios para A. Estará prestando en verdad servicios para B cuando no es su empresa.

• La empresa cedente no ejerce las funciones propias de su condición de empresario. Si se es trabajador de A, A tiene que pagar los salarios, dar las ordenes, sancionar en su caso, aprobar las vacaciones, es ante quien hay que justificar el trabajo hecho, es quien pone los medios para trabajar, quien pone los horarios… Si lo hace B en vez de A, existe una cesión ilegal.

Como aclaran en la web loentiendo.com, "es importante tener en cuenta que para que exista una cesión ilegal no es necesario que se haya contratado entre las dos empresas con esa finalidad (...) Puede darse el caso de que la relación de trabajo subcontratado empiece forma legal y poco a poco vaya derivando a una cesión ilegal.


Creemos que esto ocurre en Telefónica, y que ocurre mucho, por lo que animamos a los compañeros y compañeras a denunciar estas situaciones.