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En dos autos dictados por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, se indica que se "distrajeron importantes cantidades de dinero procedente de Sintel en favor de la familia Mas", utilizando varias sociedades en Puerto Rico, México o EEUU. Además, ejecutaron "actos para la progresiva descapitalización" de la filial de Telefónica, a través de avales y préstamos, que le llevaron, entre otros factores, a la quiebra.
Esta responsabilidad en el "vaciamiento patrimonial" de la filial de Telefónica, que acabó con el despido de 1.828 trabajadores y un agujero patrimonial superior a los 59,36 millones de euros, llevó al juez Pedraz a dictar auto de transformación de procedimiento abreviado contra varios ejecutivos por los delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.
Cuatro hechos relevantes, 1.800 despidos
Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pedraz cree que cuatro hechos de especial relevancia llevaron a la quiebra de Sintel, con la consecuente pérdida de empleo de sus 1.800 trabajdores.
En primer lugar, la venta de Sintel por parte de Telefónica en abril de 1996 a Mas Tec Incorporated, mediante su filial Mas Tec International, en la que participó el propio Mas Canosa.
Después, en diciembre de 1998, la celebración de un contrato de reconocimiento de deuda por parte de Telefónica y MasTec, por el cual se utilizaba a la propia Sintel como aval para pagar su compra.
El tercer hecho relevante es la transmisión de la mayor parte de las acciones de Mas Tec International a cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes, cuyos administradores se incluyen en la actual lista de imputados (José Miguel Sariego, Juan Casanova, Ricardo Campos y Alfredo Flórez).
Y, por último, el hecho de que las filiales de Sintel de cuatro países sudamericanos se transmitieron también a esas sociedades, mientras que se descapitalizó Sintel con la venta de otras diez compañías participadas: Cotronic, Redes de Cataluña, Bazaco, Scoitel, Estudios Ténicos, Alberto Romero Electrificaciones, Inversiones de Telecomunicaciones en Canarias, Sintel Montajes Eléctricos, Sintelar y Sietel.
Entre los que pueden estar, según el juez, detrás de esta trama están Jorge Mas Santos y Juan Carlos Mas Santos, responsables de Mastec, con domicilio en EEUU, e hijos del empresario Jorge Mas Canosa (ya fallecido), así como apoderados de esta sociedad como José Miguel Sariego, y los presidentes de Mastec Internacional, Juan Antonio Casanova y Ricardo Campos, que ocuparon cargos de responsabilidad en Sintel.
Además de ellos se encuentran procesados Joel Tomas Citrón, consejero de Sintel y vicepresidente de Mastec, el director financiero de Sintel, Pedro José Novela, y Alfredo Flórez Plaza, apoderado de Sintel International y consejero de Sintel, todos ellos a la espera de la presentación de sus escritos de defensa y acusación, tras lo que se produciría la apertura del juicio oral, si el juez lo estima oportuno.
Fuera del proceso
Quedan fuera del procedimiento, por tanto, según varias justifiaciones ofrecidas por el juez Santiago Pedraz, los que firmaron estos acuerdos por parte de Telefónica, como su ex presidente Cándido Velázquez-Gaztelu; Heliodoro Alcaraz, secretario del consejo de administración en esta época; José María Mas Millet, secretario del Consejo de Administración, Luis Angel Casado Carrasco, consejero de Sintel y Diego Luis Lozano Romeral, vicesecretario general de Telefónica.
Además, el juez desvincula de la trama a otros miembros del Consejo de Administración de Sintel como Juan Miguel Antoñanzas, Dositeo Barreiro, Luis Chicharro Ortega, así como a otros ejecutivos como Jesús Roa Martínez y Carlos Tejera Osuna ya que no "tenían poder de decisión" ni en Sintel Internacional ni en MasTec y como Carlos Gila, quien como administrador de las filiales, no hizo "acto contributivo al desmantelamiento" de las sociedades del grupo.
Se ha sobreseído la investigación contra los empresarios Francisco Javier Martínez de la Hidalga, como mandatario de Lamego Holding -una de las cuatro sociedades en las Islas Vírgenes- y Pedro Casals, presidente de "Patllari", por no encontrar indicios de delito.
Mientras que, por último, "no había imputación por parte del ministerio fiscal ni acusación particular" contra el ejecutivo Serafín González Morcillo, María Antonia Rotlan -esposa de Casals- y el empresario libanés Yusuf Jamal Abboud; lo que descarta el pago de "comisiones millonarias" que denunciaba en sus escritos el fiscal anticorrupción José Granda.
